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El Liber Iudiciorum o Libro de los Juicios

Fue un cuerpo de leyes visigodo, de carácter territorial. También es conocido como el libro de los jueces, el libro de los juicios, Código de Recesvinto, Lex Visigothorum, Liber Iudicum, Liber Gothorum, Fori Iudicum, Forum Iudicum y Forum Iudiciorum.

Este código fue realizado con asesoramiento del escritor y obispo San Braulio de Zaragoza, y revisado en el Concilio VIII de Toledo, promulgado por el rey Recesvinto el año 654, en este año se produjo un reforzamiento en el poder del rey y su papel de creador del derecho visigodo. Este reforzamiento estaba impulsado por el pensamiento de San Isidoro de Sevilla y concluyó en un gran trabajo de recopilación de leyes, pasando a la historia como la gran obra legal del reino visigodo.

El Liber Iudiciorum en el año 1241 fue traducido, con algunas modificaciones, del latín al castellano por orden del rey de Castilla Fernando III para ser concedido como fuero a ciertas localidades de la península Ibérica, siendo denominado Fuero Juzgo.

Fue impreso por vez primera en lengua latina en París en el año 1579 bajo el título de Codicis Legum Wisighotorum Libri XII y su primera impresión en traducción castellana, fue por Alfonso de Villadiego, y se publicó en Madrid en el año 1600.

Fuentes del Liber Iudiciorum

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Esta gran obra recoge fuentes del derecho romano postclásico, con una mayor influencia del Código de Teodosio, también parte del derecho romano vulgar y el derecho canónico. Por otro lado se basa en fuentes de derecho visigodo anteriores, que se introducen en el Liber Iudiciorum bien de forma intacta, llamada antiquae, como el Código de Eurico. Como antiquae se califican las de los reyes anteriores a Recaredo, y podían proceder del código atribuido a Eurico o del Codex revisus de Leovigildo, o haber sido recogidas directamente de las fuentes romanas. Algunas se califican de antiquae emmendatae, lo que indica que habrían sido corregidas, al momento de su recopilación. Las leyes de Recaredo y Sesebuto y de los reyes posteriores van encabezadas, por lo general, con el nombre del rey legislador, lo que facilita la identificación de su origen.

Sus normas se extendieron a la población visigoda e hispanorromana, cuyas leyes anteriores quedaban derogadas, las del Breviario de Alarico para los romanos y el Código de Leovigildo para los visigodos.

Prohibición del derecho extranjero y ley especial

Junto al Código se publicaba una disposición especial por la cual se prohibía el uso del derecho extranjero principalmente romano en los tribunales. Si un juez usara para sus sentencias leyes sacadas de un Código distinto al de Recesvinto, pagaría una multa de treinta libras de oro equivalente a dos mil ciento sesenta sueldos. Los pleitos en curso aún no resueltos serían fallados según las leyes del nuevo Código, pero la ley en modo alguno tendría efectos retroactivos y los fallos anteriores basados en otras leyes que habían estado vigentes eran ratificados y se prohibía su reapertura. Los casos que no estuvieran previstos en el Código serían remitidos al rey para que su decisión sentara jurisprudencia. El rey tendría derecho a añadir todas las leyes que creyese convenientes, tras consultar a los Obispos y a los principales cargos del palacio.

Después de su publicación fue preciso añadir una nueva ley transitoria. Como la demanda de ejemplares del Código era tan alta, los precios por las copias aumentaron, y el rey hubo de prohibir que se cobrara o pagara más de seis sueldos por una copia; el que incumpliere, fuere copista o adquirente, recibiría cien latigazos.

Estructura del liber iudiciorum

El Liber iudiciorum se estructura en doce libros o partes, subdivididos en títulos como en el Código de Justiniano, en los que se ordenan las leyes según su materia, redactadas en latín, como todas. Su estructura es la siguiente.

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Libro 1: El legislador y la ley.

Libro 2: Administración de justicia, escrituras y testamentos.

Libro 3: Los matrimonios y los divorcios.

Libro 4: Sucesiones, herencias y tutelas.

Libro 5: Donaciones, Ventas y otros contratos.

Libro 6: Derecho penal: crímenes y torturas.

Libro 7: Derecho penal: robo y fraude.

Libro 8: Derecho penal: actos de violencia y lesiones.

Libro 9: El ejército y el derecho de asilo eclesiástico.

Libro 10: Derecho de propiedad y prescripción.

Libro 11: Médicos y enfermos; mercaderes extranjeros.

Libro 12: Herejes y Judíos.

Con Ervigio varias leyes del Liber Iudiciorum fueron parcialmente modificadas, por lo que, desde esta época, se conoce también como Código de Ervigio.

Explicaciones de los libros del Liber Iudiciorum

El libro I explica sobre los deberes y virtudes del legislador y las cualidades de las leyes, el II libro trata de la organización judicial y del procedimiento, el III libro, se refiere al Derecho matrimonial, y el IV libro, tiene normas sobre la familia y de la sucesión ab intestato, el V libro se refiere al Derecho de obligaciones y los libros VI a IX tratan de materia penal. Los últimos engloban leyes sobre materias muy diversas y en el XII se contiene la muy importante, por sus consecuencias, legislación contra herejes y judíos. Los preceptos sobre Derecho público son muy escasos y no sistemáticos.

 

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Las Leyes de los doce libros

Libro 1: El legislador y la ley.

El legislador y la ley (Libro 1). El derecho a legislar corresponde al rey con el Officium Palatii y los Obispos como órganos consultivos. La ley obliga a todos, sin distinción de clase social, condición, sexo o edad, e incluye al rey.

Derecho de gracia (Libro 1). El rey podía conceder gracias e indultos, salvo las limitaciones establecidas para los casos de traición.

Distinciones legales entre esclavos y libres (Libro 1). Se distingue entre siervos (esclavos) y hombres libres. Entre los esclavos se fijan tres categorías: siervos de la corte, siervos de la Iglesia, y siervos de los particulares.

Características de las personas físicas (Libro 1). Se establece una definición de las personas físicas. Se considera persona física la que ha nacido y vivido diez días al menos, y ha recibido el bautismo.

Minoría de edad (Libro 1). Se es menor de edad hasta los quince años, hasta llegar a los cuales se precisa de guarda (tutela) en caso de faltar el padre.

Manumisión de esclavos (Libro 1). La manumisión de esclavos se hacía mediante un ritual con intervención de un sacerdote y dos testigos.

Libro 2: Administración de justicia, escrituras y testamentos.

Cargos subsistentes (Libro 2). Los cargos godos continuaron existiendo: los duces provinciales, los comes o condes, y los Thiufadus. Apareció además el cargo de ayudante del Thiufadi.

El  Thiufadi y su ayudante (Libro 2). Parece ser que las cuestiones judiciales de que se ocupaban los antiguos Iudex loci o Iudex territori fueron transferidas al Thiufadi que hasta aquel momento había sido un cargo estrictamente militar. Se trataría pues de un cambio de nombre de los Jueces locales, que asumieron la denominación de Thiufadus, o de un cambio de funciones en que éstos últimos asumían las funciones de aquellos. En todo caso los nuevos Thiufadus que asumían funciones judiciales, probablemente ejercían al mismo tiempo las funciones militares que desde antes correspondían al cargo. Como no podían atender a ambos aspectos, fue necesario que se colocara al lado de cada uno un adjunto, en el cual su principal delegaba las resoluciones judiciales o militares que no podía o no quería tomar personalmente. Es posible también que, al asumir el Thiufadi algunas funciones judiciales, se empezara a llamar a todos los jueces godos Thiufadus de forma que la denominación fuera la misma para el funcionario encargado de administrar justicia y para el que tenía el mando militar; pero probablemente solo el primero hubiera necesitado un adjunto (por el incremento del trabajo al abarcar ahora una numerosa población romana) pues el segundo ya disponía de oficiales y suboficiales para las distintas unidades de las tropas que mandaba.

Cargos judiciales (Libro 2). La administración de justicia pasó a los condes (los duces también tenían atribuciones indeterminadas, pero no se sabe si eran nuevas o ya las venían ostentando) y a los Thiufadus y sus adjuntos. Los oficiales del ejército, quingentenarius y centenarius actuaban como jueces militares, y por encima estaba el millenarius (lo que indicaría que el Thiufadi, que tenía el mando de la unidad, aunque tuviera funciones judiciales no las tenía en relación a los casos de justicia militar).

Nuevos cargos judiciales (Libro 2). Se creó el cargo de pacis adsertor para que viera, en nombre del rey, determinados casos. El Numerarius juzgaba casos pero no sabemos de qué naturaleza, aunque parece que para ostentar el cargo era muy adecuado (aunque legalmente no era imperativo) ser romano.

Pleitos contra el Tesoro (Libro 2). Los casos contra el Tesoro debían ser presentados ante el conde de la ciudad o el juez local (en la redacción de Chindasvinto, que sería el Thiufadi en tiempos de Recesvinto). El mismo Chindasvinto confirmaba que este sistema era una innovación.

Jurisdicción y nombramiento (Libro 2). Todos los jueces existentes podían atender tanto casos civiles como criminales. Su nombramiento correspondía al rey y la vigilancia de que quien ejerciera el cargo fuera realmente un juez nombrado correspondía al dux.

Juicios de sacerdotes y diáconos (Libro 2). En algunas ocasiones los sacerdotes y diáconos actuaban como jueces en pleitos entre laicos. El Código no lo prohibía expresamente (aunque sus decisiones no vinculaban a los Tribunales seculares, y solo afectaban a las partes) pero el Sínodo de Mérida del 666 determinó que no deberían hacerlo más que en casos excepcionales en que obtuvieran permiso del Obispo.

Faltas de respeto a los Tribunales (Libro 2). Si alguien acusado no comparecía ante el juez que le hubiera convocado adecuadamente, tendría que pagar cinco sueldos de multa al juez y otros cinco al acusador para compensarle el retraso. Si carecía de bienes para pagar recibiría cincuenta latigazos. Si el que dejaba de comparecer era un Obispo o su representante (pues el Obispo podía comparecer por medio de un representante) la multa sería de veinte sueldos al juez y de treinta al acusador, y el juez del tribunal, el conde de la ciudad o el dux provincial podrían compelerle al pago; si quien debía comparecer era sacerdote, archidiácono, diácono, subdiácono u otro clérigo o monje, pagarían también cinco sueldos al juez y cinco al acusador, y si no pudieran pagar debería hacerlo el Obispo bajo cuya jurisdicción estuvieran.

Indemnización para los que ganaban un pleito (Libro 2). Los que perdían un pleito debían pagar al acusado cuya culpa no resultaba probada una indemnización de cinco sueldos.

Supresión de los cargos romanos (Libro 2). Desaparecido el derecho romano ya no era necesario administrar justicia según las leyes romanas. Por tanto desapareció el gobernador provincial o Iudex así como su Officium (salvo el Numerarius), persistiendo (a un nivel inferior) el deffensor. Las funciones del gobernador provincial fueron asumidas por los condes de la ciudad y las del deffensor por los Thiufadus que ahora reúnen funciones judiciales y militares. El deffensor subsistió pero solo para los casos menos importantes. El Numerarius asumió algunas funciones judiciales pero no sabemos cuales, pues las relativas a los casos contra el Tesoro público correspondían al conde y tal vez al Thiufadi.

Castigos a los Jueces (Libro 2). Se establecían los castigos para los jueces prevaricadores y para los que se negaran a dictar sentencia o demoraran el fallo.

Costas judiciales (Libro 2). Los costes de los juicios serían entre el 5% y el 10% del valor del litigio.

Procuradores (Libro 2). Solo se precisarían procuradores en caso de litigar el rey o el obispo con un pobre.

Procedimiento (Libro 2). El procedimiento sería oral.

Pruebas (Libro 2). En juicios civiles las pruebas serían: testifical, documental y juramental (juramento de los litigantes). Dos testigos mayores de catorce años hacían prueba si juraban ante el juez.

Recursos (Libro 2). Las sentencias de un juez podían ser recurridas ante el Juez superior (conde) y después ante el rey. No está claro si las sentencias de los jueces y Thiufadus podían ser recurridas también ante el dux, o bien debían ser recurridas ante el conde y solo las sentencias de éste podían ser recurridas ante el dux.

Cuando se producía una apelación el juez que había dictado la sentencia se reunía con el Obispo y reconsideraba su veredicto. Si ambos consideraban el veredicto justo y correcto solo cabría la apelación a la instancia superior o al rey; si había desacuerdo prevalecía la decisión del Obispo (Ervigio decidió que el obispo comunicaría su parecer al rey quien decidiría el resultado del pleito).

Testamentos (Libro 2). Los testamentos podían otorgarse por escrito (con la firma del testador y dos o más testigos, o firmados por un tercero a ruegos del testador, y además dos o más testigos), y podían otorgarse también por la declaración verbal de la voluntad del testador ante dos o más testigos. El testamento debía ser presentado al Juez o al Obispo, y los testigos debían ratificarse. El testamento ológrafo, escrito de puño y letra por el testador, era aceptado, pero era supletorio de los demás y debía ser comprobado por el Obispo o el Juez.

Libro 3: Los matrimonios y los divorcios.

Matrimonios mixtos. (Libro 3). Se derogó la prohibición de matrimonios mixtos entre godos y romanos (que parece que no era muy respetada, pues ya no estaba vigente para los godos) según la ley 2ª del título 1º del libro 3º. No obstante se mantuvo la prohibición de la celebración de matrimonios entre libres y esclavos de la misma nacionalidad o de distintas nacionalidades.

Derechos de los padres (Libro 3). El padre no podía dar en prenda a sus hijos, ni venderlos o donarlos, ni privarles de la vida; en casos extremos de deshonestidad podían matar a las hijas.

Divorcio (Libro 3). El divorcio estaba permitido en los casos de adulterio. En tal caso el divorciado (o ambos) podían tomar estado eclesiástico con pleno consentimiento. Si el marido caía en la esclavitud el matrimonio se deshacía de hecho pero no dejaba de existir el vínculo. En caso de sodomía del marido o si incitaba a la mujer al adulterio, el vínculo desaparecía.

Régimen económico matrimonial (Libro 3). El régimen económico del matrimonio  era el de gananciales a partir del matrimonio. Las compras y mejoras durante el matrimonio se reputaban comunes; los bienes recibidos en herencia de persona extraña eran privativos del cónyuge que los recibía; también eran privativos aquellos bienes ganados por uno de los cónyuges con la prestación de un servicio, o los donados por el rey o por el señor.

Esponsales y ósculo (Libro 3). La celebración del matrimonio obligaba a la previa celebración de esponsales; una vez realizados debía contraerse el vínculo matrimonial en el plazo máximo de dos años; si el varón moría antes de la boda y había mediado osculum (ósculo o beso) la novia retenía la mitad de las arras entregadas en los esponsales.

La morgingebae. Los godos entregaban a cambio de su prometida, si era virgen, una dote conocida como morgingebae cuyo importe máximo quedó fijado en mil sueldos, diez esclavos varones jóvenes, diez esclavas jóvenes, y veinte caballos, que no podía superarse, si bien el marido, tras un año de matrimonio, podía donar a su esposa otros bienes si estaba satisfecho con ella. Los regalos de la novia al futuro esposo también quedaron limitados (Ervigio rectificó esta ley y autorizó a pagar hasta una décima parte de los bienes, pero solo a los primates y a los hombres más ricos).

Disolución de uniones en ciertos casos. Los obispos y jueces deberían separar a las parejas en caso de que el varón fuera sacerdote, diácono o subdiácono, el culpable sería entregado al Obispo para ser castigado de acuerdo al derecho canónico, y la mujer recibiría cien latigazos y sería vendida como esclava; si los obispos no podían poner fin a la situación irregular, debían informar al Sínodo o al rey.

Libro 4: Sucesiones, herencias y tutelas.

Bienes gananciales a la disolución (Libro 4). Al fallecimiento de un cónyuge, o a la disolución por divorcio u otras causas, los gananciales no se dividían por la mitad más que si los bienes aportados al matrimonio por ambos cónyuges eran similares.

Sucesiones testadas (Libro 4). Las sucesiones podían ser testamentarias y ab intestato (sin testamento). En las sucesiones testadas se ejecutaba la voluntad del testador respetando las legítimas legales.

Sucesiones intestadas (Libro 4). Las sucesiones sin testamento pasaban en primer lugar a los descendientes del causante, a falta de éstos a los ascendientes, y faltando también éstos a los colaterales hasta el séptimo grado. Solo cuando no hubiera colaterales hasta dicho grado entraba en la sucesión el cónyuge viudo, y en todo caso, cualquier cosa que el cónyuge viudo recibiera del cónyuge fallecido debía reservarse para los hijos comunes, aunque el cónyuge viudo no volviera a casarse.

Derechos legitimarios (Libro 4). La legítima correspondía a los hijos o nietos y a falta de todos ellos no existía herencia forzosa; pero el que tuviera hijos o nietos solo podía disponer libremente de una quinta parte de sus bienes más la totalidad de los que procedieran de donaciones del rey o señor, imputándose los otros cuatro quintos a los derechos legitimarios de los hijos o nietos. De estos cuatro quintos un tercio podía detraerse en concepto de mejora para uno o varios de los legitimarios.

Libro 5: Donaciones. Ventas y otros contratos.

Compraventas (Libro 5). Las compras y ventas debían hacerse por escrito o mediante entrega del precio ante testigos.

Auto ventas (Libro 5). Una persona física podía venderse a sí mismo.

Leyes sobre los curiales (libro 5). Los curiales no debían vender, permutar o donar sus propiedades total o parcialmente, pero si lo hacían el adquirente podría conservarlas pagando el correspondiente impuesto; pero si no pagaba el impuesto en la fecha correspondiente, o dejaba de pagarlo algún año, perdería la propiedad sin compensación en cuanto fuera descubierta la deuda tributaria. La propiedad pasaría al Tesoro, y el rey podría atribuirla bien al vendedor o bien a otra persona de su agrado. La ley implicaba de hecho que los curiales ya podían en lo sucesivo vender sus propiedades, siempre y cuando ello no afectara a la recaudación de impuestos.

Redención de esclavitud (Libro 5). Si un hombre libre se vendía como esclavo, podía recobrar su libertad pagando el precio de la venta.

Arrendamientos y sub arrendamientos (Libro 5). Se reconocía el derecho de arriendo y el de subarriendo.

Préstamo y comodato (Libro 5). Se regulaba el préstamo bajo sus dos conceptos: préstamo mutuo y comodato o préstamo de uso.

Intereses (Libro 5). El interés legal se fijaba en el 12,5%. En productos de primera necesidad el interés podía alcanzar hasta un tercio de lo recibido.

Depósitos (Libro 5). El Código regulaba el depósito determinándose qué debía hacerse si la cosa depositada le fuera robada al depositario, el cual, en dicha situación, tendría un plazo para recuperarla y devolverla, o en caso contrario debería pagar la mitad del valor.

Prenda e hipoteca (Libro 5). La prenda y la hipoteca estaban reunidas en una única figura jurídica llamada Penno. No se podía dar en prenda todo el patrimonio ni podía establecerse una prenda sobre una persona determinada.

Pérdida de atribuciones de las Curias (varios libros). Una parte de las funciones de los Consejos locales fueron suprimidas. Recordemos que eran:

- La percepción de impuestos.

- La administración de la ciudad y territorio circundante, en sus diversos aspectos (juegos, servicios, abastecimientos, mercados, etc.).

- Nombramiento de guardianes.

- Cuestiones de justicia local.

- Llevar el registro de donaciones de tierras y otras propiedades; registros de testamentos y de adopciones, y otros registros.

- Cuestiones relativas a los bienes y derechos de los menores.

Precisamente las últimas (nombramiento de guardianes, justicia local, registros y bienes y derechos de menores) pasaron a los Obispos y a los jueces locales.

Cargos municipales. Aunque el Código no los menciona expresamente debieron mantenerse los demás cargos de las Curias, el Curador, encargado de supervisar las finanzas locales; los Cuestores encargados de administrar los fondos obtenidos por la recaudación de impuestos en la ciudad y su territorio; los ediles encargados de los diversos aspectos administrativos, como mercados, abastecimientos y edificios públicos; los duunviros anuales encargados de los asuntos políticos (presidencia de la Curia, elecciones, administración del patrimonio, defensa, fiestas y ceremonias, etc.) y del censo quinquenal en la ciudad y las aldeas cercanas que de ella dependían; y el Exactor, encargado de la recaudación de impuestos, sin que haya nuevas noticias de sus auxiliares los Tabularios (que comunicaban el importe del impuesto) y los Susceptores (que acudían a cobrarlo).

Ejercicio de cargos. La existencia de un dux provincial con nombre romano (Claudius de Lusitania) ha llevado a pensar que los romanos podían ejercer el cargo de dux. No obstante creemos que no era así, y que el cargo estaba reservado a los godos. Claudius habría adoptado un nombre romano al convertirse pero sería godo. No existe ningún otro dux conocido con nombre romano si bien el padre de Leandro de Sevilla, con nombre romano, es reputado como dux. Se conocen algunos cargos palatinos de nombre romano, probablemente vinculados a tareas específicas que los godos no sabían ejercer; se les titula comes (David, Paulo, Severino, Vitulo) pero probablemente no eran condes de ciudad, sino condes palatinos vinculados a determinados cargos sobre todo financieros. Aún en el supuesto de que fueran romanos (podrían ser godos que habían adoptado un nombre romano) representaban una mínima parte de los funcionarios. En todo caso, a partir del Código de Recesvinto, no se establece ninguna prohibición a los romanos para ejercer cargos judiciales o administrativos, y parece ser más la costumbre y afinidad la que determinaba que la mayoría de los cargos fueran ocupados por germanos.

Libro 6: Derecho penal: crímenes y torturas.

Libro 7: Derecho penal: robo y fraude.

Libro 8: Derecho penal: actos de violencia y lesiones.


Derecho penal (Libros 6, 7 y 8). En derecho penal el Juez podía ser recusado. Si un juez era sospechoso debía juzgar acompañado del Obispo, y el litigante podría apelar ante el rey en caso de estimar injusta la sentencia. Se regulaban las denuncias y acusaciones de delitos graves susceptibles de pena de muerte o confiscación de bienes, para las que la carga de la prueba era para el denunciante; si la acusación resultaba no probada o se demostraba falsa el acusador era sometido a la Ley del Talión, o era convertido en esclavo del que había sido acusado sin pruebas o falsamente.

Juicios de Dios (Libros 6, 7 y 8). En los casos criminales surgen los llamados Juicios de Dios, pero limitados al tormento y al juramento compurgatorio. Los casos de duelos, agua hirviente y fuego u ordalía prácticamente no existieron.

Penas (Libros 6, 7 y 8). Las penas más frecuentes eran las pecuniarias y las de azotes. Las penas por hurto, falsedad y otras son establecidas detalladamente.

Las multas eran muy frecuentes. Aquel que no podía pagar una multa se convertía en esclavo del perjudicado.

El homicidio y el perjurio conllevaban penas muy graves (en concreto el homicidio, salvo el involuntario, era castigado con la pena de muerte; y el perjurio suponía azotes, infamia para el perjuro, inhabilitación para hacer de testigo y confiscación de una cuarta parte de los bienes que pasaban al agraviado).

La pena de muerte se aplicaba también a los que provocaban abortos, a los asesinos de un pariente próximo, a los homicidas que actuaban con premeditación, a los hombres armados que penetraban en casa de otro y le daban muerte, a los oficiales que enviaban a los soldados a luchar y ellos eludían el combate, a los esclavos que saqueaban tumbas (muerte en la hoguera), a los incendiarios de casas en la ciudad (muerte en la hoguera), a la mujer adultera o que intentaba casarse con un esclavo o liberto (muerte en la hoguera), al esclavo que violaba a una mujer libre (también muerte en la hoguera), a la mujer que daba muerte a un niño de poca edad y al marido si era cómplice o había dado la orden (la pena podía cambiarse, por decisión del juez, y en tal caso la acusada o acusado declarados culpables eran cegados), al hombre que ordenara a su esclavo que matara a otro hombre libre, y algunos casos de traición.

El adulterio era castigado con la esclavitud del adúltero respecto al cónyuge inocente, pero en caso de ser adúltera la mujer el marido podía darle muerte, pudiendo matar también al amante si los sorprendía "in fraganti". Los delitos de lesiones o daños personales eran castigados con el talión, pero sólo en casos de lesiones premeditadas.

La decalvación y las marcas ofensivas en la piel (con cualquier instrumento y en cualquier punto), las mutilaciones, ataque o detenciones ilegales, se castigaban también con el talión (salvo para los golpes en la cabeza, cuando el talión podía comportar la muerte, mientras ésta no había sido causado a la víctima; los golpes en la cabeza tenían una sanción económica), pero la víctima podía aceptar un acuerdo. La decalvación del esclavo de un hombre libre por otro hombre libre estaba sancionada con multa de diez sueldos, y si el esclavo era doméstico recibía además cien latigazos.

Las lesiones a causa de una pelea o no premeditadas solo tenían sanciones económicas. Las multas llegaban hasta los cien sueldos según el lugar de la lesión.

El comportamiento irreverente de un esclavo para con un Vir Illustris estaba castigado con cuarenta latigazos para un esclavo idoneus (doméstico) y cincuenta para un esclavo vilior (rústico), salvo que la provocación partiera del noble (en cuyo caso no había castigo).

El insulto u ofensa al esclavo de otro (realizado por un hombre libre o un esclavo) era castigado con azotes o con multas. Los insultos u ofensas entre hombres libres eran castigados con multas; las ofensas o injurias realizadas por esclavos dependían de si se hacían con conocimiento del amo o sin él. No había distinción entre ofensas o injurias a un hombre o a una mujer. El juez que no impusiera las penas pertinentes sería destituido por el Obispo o el dux. Parece que la nobleza no podía ser torturada en los Tribunales más que en casos muy limitados (traición, homicidio y adulterio).

Cuando un demandante presentara una acusación contra un miembro de la nobleza palatina que no pudiera ser probada debía entregar al rey o al juez una declaración escrita ratificada por la firma de tres testigos (inscriptio) y entonces se sometía al acusado a tortura, si no confesaba el acusador era entregado al acusado como esclavo, pero el nuevo amo no podía matarlo (más tarde Ervigio permitió que el demandante pagara una compensación económica fijada por el acusado inocente).En todo caso las confesiones del acusado debían ser coincidentes con las que figuraban en la inscriptio (que el acusado no conocía), pues si no eran coincidentes equivalía a la no existencia de confesión y regía la misma pena. Si el acusado había sido informado del contenido de la inscriptio (se supone que por el acusador, los testigos o el juez) ya no podía ser sometido a tortura.

El sistema de inscriptio y tortura se extendía a otros delitos menores, como el robo por valor de más de trescientos sueldos, para “los demás hombres libres” (Ervigio aclaró que la nobleza estaba excluida y los demás hombres libres eran aquellos que no eran nobles, y éstos podrían librarse mediante prestar juramento de que eran inocentes; el límite del robo se elevaba a los quinientos sueldos, y por debajo de dicha suma era un robo menor).

Para los robos menores se establecía que debía devolverse nueve veces el valor de lo robado a la víctima, salvo si el ladrón era esclavo, en cuyo caso el dueño pagaría seis veces el valor de lo robado. Esclavo o libre el ladrón era castigado además con cien latigazos. Si el dueño del esclavo no quería pagar el esclavo pasaba a ser propiedad del perjudicado, y si el hombre libre no quería pagar se convertía en esclavo de la víctima del robo (que debía ser el caso más habitual). Si no había pruebas del robo, bastaba con que el acusado jurara que era inocente.

La tortura se desarrollaba durante tres días como máximo, en presencia del juez y de otros hombres invitados de éste. El juez que a sabiendas o por soborno provocara la muerte de un torturado sería entregado a los parientes del muerto para ser torturado por éstos, pero podía librarse si prestaba juramento de que era inocente y los invitados testificaban su actuación correcta; en todo caso estaría obligado a pagar a los herederos del torturado fallecido una compensación de trescientos sueldos. Si la causa de la muerte fuera el soborno del demandante, éste sería ejecutado.

La falsificación de documentos reales estaban castigados con la amputación de un dedo, decalvación y doscientos latigazos. La homosexualidad era castigada con la castración y el destierro; cuando el homosexual estuviera casado sus bienes pasarían a sus herederos, su matrimonio se anularía y su mujer recobraría la dote. Si el culpable era obispo, sacerdote o diácono sería secularizado y desterrado. Un hombre libre que copulara con una esclava de otro hombre en casa del dueño de la esclava, recibiría cien latigazos (cincuenta si la esclava era rústica). Si era esclavo recibiría ciento cincuenta latigazos. La violación también era castigada. Así por ejemplo se regulaba la violación por hombres libres y por esclavos, dirigida contra esclavas, libertas y mujeres libres; cuando el delito era cometido por esclavos la sanción era mayor para el esclavo rústico que para el doméstico.

Se estableció que para matar a un esclavo debería ser culpable de un delito grave y debería obtenerse el permiso del juez local o Thiufadi, el conde o el dux, tras demostrarse que era culpable (Ervigio permitió después que el esclavo fuera ejecutado y a posteriori se acudiera a los tribunales, debiendo demostrarse no obstante que era culpable). El amo podía matar al esclavo en defensa propia pero debía demostrarlo mediante testigos o a falta de ellos prestando juramento. El esclavo que robara a otro esclavo o a su dueño era castigado por el amo sin intervención judicial como anteriormente pero no podía ser ejecutado (A menudo el esclavo era ejecutado, y no solo por casos de robos, sino que a menudo lo era sin causa justificada). El hombre que matara a su esclavo sin causa justificada sería exilado de por vida y debería hacerse penitente; además perdería sus bienes que pasarían a sus herederos (Ervigio modificó la sanción por multa de setenta y dos sueldos y pérdida perpetua del derecho a testificar). El hombre que mataba al esclavo de otro hombre debía entregar dos esclavos de igual valor al propietario del esclavo muerto, y además quedaría sometido a la pena de exilio prevista por matar a un esclavo (Ervigio suprimió el exilio para estos casos). El hombre que mataba a un esclavo propio o de otro, en represalia por alguna injuria u ofensa, y podía probar la causa del crimen mediante testigos o mediante juramento, quedaba libre. Un esclavo que (bajo tortura) confesara haber matado a un hombre por orden de su amo, recibiría cien latigazos y la decalvación, y su dueño quedaría sujeto a las penas de homicidio (Ervigio estableció que si el amo acusado por el esclavo, juraba que era inocente, quedaría libre y podría disponer de la vida del esclavo que había cometido el crimen y le había acusado de instigarlo; para ser creído él esclavo debería presentar un testigo, o bien el amo debería confesar).

El hombre que mutilaba o lisiaba a un esclavo al castigarle, o incluso le provocaba la muerte, quedaba libre si los hechos ocurrieron para imponer una justa disciplina; pero si la mutilación era injustificada era penada con destierro durante tres años y la penitencia ante el obispo local; los bienes del desterrado serían administrados en su ausencia por sus descendientes o próximos parientes, todas estas normas fueron suprimidas por Ervigio pero después se restablecieron.

El que consultaba a un adivino para saber el futuro de cualquier persona incluyendo al rey, sería azotado, sus bienes confiscados y se convertiría en esclavo; el adivino correría igual suerte. Si el culpable fuera un esclavo sería torturado y vendido fuera del reino.

Las penas de Alarico II contra los magos, que antes solo se aplicaban a los romanos, se extendieron también a los godos, aunque se eliminó la pena de muerte. Aquellos que realizaran prácticas de magia recibirían doscientos latigazos (Ervigio los aumentó a quinientos como mínimo para los adivinos y extendió los efectos del resto de la ley a los jueces, que descubrió que a menudo consultaban adivinos) y decalvación pública. Los que recurrieran a sortilegios (predicciones basadas en la interpretación de un pasaje de la Biblia seleccionado al azar) y adivinos o practicaran la magia, perdían el derecho a testificar (también lo perdían los convictos de homicidio, robo, envenenamiento, estupro o perjurio).

Libro 9: El ejército y el derecho de asilo eclesiástico.

Derecho de asilo (Libro 9). Los declarados culpables de homicidio o de prácticas mágicas no podrían refugiarse en las Iglesias. Si lo hacían, sus perseguidores, de acuerdo con el Obispo, deberían jurar que no lo matarían, tras lo cual podrían arrestarlo, en cuyo caso sería cegado. Los demás delincuentes o deudores solo podían acogerse al derecho de asilo si no llevaban armas (pues si llevaban armas podían ser entregados), y solo podían ser detenidos previa autorización del Obispo. Los deudores asilados podían ser detenidos previo consentimiento del Obispo y después de que el acreedor prometiera no hacerles daño, obteniendo a cambio la promesa del moroso de que pagaría en un plazo determinado, promesa que se hacía ante un miembro del clero, presbítero o diácono.

Libro 10: Derecho de propiedad y prescripción.

División de tierras (Libro 10). Las tierras que se dividieran en el futuro entre romanos y godos se repartirían por mitad (en vez de la antigua división de un tercio y dos tercios).

Adquisición de la propiedad (Libro 10). La propiedad mueble o inmueble podía adquirirse por herencia, por ocupación bélica, por accesión, por caza o pesca, por prescripción, por compra y por donación (real, del señor o de particulares familiares o no).

Prescripción (Libro 10). La prescripción en general era a los treinta años y como excepción a los cincuenta (esta prescripción solo afectaba a las reclamaciones sobre particiones de tierras entre romanos y godos). Los esclavos huidos solo podían ser reclamados durante treinta años (y eran libres a los cincuenta años), pero el límite no afectaba a los esclavos del Tesoro.

Libro 11: Médicos y enfermos; mercaderes extranjeros.

Leyes mercantiles (Libro 11). Solo cuatro leyes se refieren a aspectos mercantiles. Todo el derecho mercantil es muy limitado.

Libro 12: Herejes y Judíos.

Ley contra la herejía. (Libro 12). Todo habitante del Reino o extranjero en visita al mismo, que hablara contra la fe católica o tuvieran pensamientos heréticos, sería desterrado y se le confiscarían todos sus bienes.

Ley contra los conversos renegados (Libro 12). Quedaba prohibido a todo judío converso que hubiera sido bautizado, abandonar la fe cristiana, atacarla de hecho o de palabra, y emigrar para escapar de ella; tampoco podría atacarse de hecho o de palabra ninguna parte de la profesión de fe que se exigía a los conversos (llamadas placitum); no podría ocultarse a nadie que atacara la fe católica o algo escrito en los placita. El incumplimiento estaba castigado con la pena de muerte en la hoguera o por lapidación realizada por otros judíos conversos.

Ley contra la Pascua Judía, el Sábado Judío y las bodas judías (Libro 12). Quedaba prohibida la celebración de la Pascua Judía, el Sábado Judío, o las bodas en otro rito que el católico. El incumplimiento llevaba aparejada la pena de muerte en la hoguera.

Prohibición de la circuncisión (Libro 12). La práctica de la circuncisión quedaba prohibida. El que la practicare sería castigado con la muerte en la hoguera.

Normas alimenticias de los judíos (Libro 12). Los judíos no podrían cumplir con sus normas de alimentación, pues si lo hacían serían quemados en la hoguera.

Testigos judíos (Libro 12). Ningún judío, ni siquiera estando bautizado, podría testificar contra un cristiano, ni aunque el cristiano fuera esclavo. No obstante no se prohibió que los judíos pudieran iniciar acciones legales contra cristianos (libres o esclavos) ante jueces cristianos. Los hijos de judíos bautizados podrían prestar testimonio contra un cristiano solo si la fortaleza de su fe católica y su honradez estaban acreditadas, y además si el obispo o el juez no daban su aprobación. El judío que testificara sería castigado con la pena de muerte en la hoguera.

Quebrantamiento de las conversiones (Libro 12). El judío converso que quebrantara los compromisos contraídos al convertirse sería castigado con la pena de muerte por lapidación por otros judíos conversos.

Gracia real a los judíos (Libro 12). Si el rey decidía perdonar la vida a un judío culpable del quebrantamiento de alguna ley, el judío se convertiría en esclavo de la persona a la que el rey tuviera a bien obsequiarlo y no podría ser manumitido; sus propiedades serían confiscadas y repartidas por el rey a su conveniencia.

Otros aspectos contrarios a los judíos (Libro 12). Con la abolición del Breviario de Alarico quedó suprimida la imposibilidad de procesar a un judío en sábado, y la posibilidad de acudir para los pleitos civiles entre judíos a los rabinos (aunque podían hacerlo de hecho, las decisiones de los rabinos ya no serían imperativas como si hubieran salido de un tribunal secular ordinario).

Prohibición de ayudar a los judíos (Libro 12). Toda persona, laico o clérigo, que ayudase a los judíos a seguir en sus creencias, o a los bautizados a retornar a su antigua fe o a atacar a la religión católica, pública o secretamente, sería excomulgado y se le confiscarían una cuarta parte de sus bienes.





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Las ediciones del Liber Iudiciorum


Edición de Recesvinto


La edición de Recesvinto año 654 d.c. En la redacción de las leyes cuentan con la colaboración y el consejo de una serie de juristas que viven en la corte del rey y personajes célebres de la época. Fue enviada al concilio de Toledo. Los concilios eran asambleas de obispos que trataban asuntos de la Iglesia. Pero esto cambia a partir del año 589, cuando Recaredo anuncia su conversión al cristianismo y la adopción de esta como religión oficial. Los concilios dejan de ser asambleas meramente religiosas para convertirse en lugar de confluencia entre el poder político y religioso, donde estaban presentes el monarca y sus inmediatos colaboradores.

En esos concilios también se trataron cuestiones civiles. Intervinieron en la redacción de ese texto unos consejeros que forman parte del aula regia. Se busca la opinión de personas de altura dentro del reino, principalmente del obispo San Braulio de Zaragoza, se le envía el texto del Liber para que lo corrija y dé su opinión. Es un proyecto de recopilación de leyes elaborado por el VIII Concilio de Toledo. Dentro de ese octavo concilio, el principal redactor fue el propio San Braulio de Zaragoza, las bases son el antiguo Código de Eurico y el de Leovigildo. Lex Antiquae, ley antigua) es la expresión que se utiliza para identificar las leyes que se encuentran en el Liber, se reconocen 319 leyes antiguas. Recesvinto al promulgarlo lo nombra Liber Iudiciorum o Liber Iudicum. El Liber se divide en 12 libros, cada libro se divide en títulos, que en total son 54 en su primera edición, y en total además 526 leyes. El libro primero se refiere a la ley, el legislador y en general a las fuentes del derecho. En materia de fuentes del derecho este texto es muy legalista, le da mucha importancia a la ley. El Liber no reconoce a la costumbre como fuente del derecho. El libro dos trata del derecho procesal, como se tramitan los juicios. Los libros tres, cuatro y cinco tratan de derecho privado o derecho civil, derecho de familia, matrimonio, derecho de herencia y contratos. Los libros 6 al 9 tratan de derecho penal, esta parte del Liber fue la parte más utilizada en América, la que frecuentemente se aplicaban en América y en Chile. El libro 10 se refiere a la propiedad sobre bienes inmuebles o bienes raíces. El libro 11 es un libro misceláneo, trata de muchas materias, derecho comercial, el estatuto jurídico de los médicos. El libro 12 es un estatuto administrativo se refiere a normas sobre funcionarios públicos, también se encuentran leyes aplicables al pueblo judío de la península ibérica.

 

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Edición de Ervigio


La edición de Ervigio año 681 d.c. El rey  Ervigio pidió a los obispos la revisión de ochenta leyes del Liber Iudiciorum  a las que se aclaró su significado,[] y se añadieron tres leyes del rey Wamba, []y seis leyes nuevas del propio rey Ervigio esta revisión fue preparada por el Concilio XII de Toledo, y se hizo para actualizar la primera edición. Lo más interesante es que se incorporaron 28 leyes nuevas sobre judíos del libro 12. Esas modificaciones se conocen con el nombre de leyes enmendadas o corregidas. Las leyes que eran más difícilmente interpretables o que eran contradictorias, quedaron aclaradas. Sin embargo, no hay evidencia que se hubiera intentado indicar que la revisión de Ervigio hubiera reemplazado a la de Recesvinto.

 

Edición Vulgata o edición del pueblo


La edición vulgata años 702 al 709 d.c. La edición vulgata no es oficial, por eso no tiene nombre de monarca, es una edición privada, pero es la más importante de las tres.

Quedó redactada pero no alcanzó a promulgarse. Hecha por juristas privados y prácticos del derecho, anónimos, que introdujeron leyes de los reyes Egica y Witiza, y suprimieron o deformaron otras. Esta edición, aunque no recibió sanción oficial, llegó a ser la más difundida en los tiempos de la Reconquista y a ella aludirían los textos medievales con el nombre de Lex Gothica o Forum Iudicum. Esta es la que se proyecta en el tiempo. Esta tercera edición tiene dos diferencias con las anteriores ediciones.

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En la edición vulgata se incorpora un título preliminar sobre derecho público, se agrega un título que va a antes del libro uno formado por 19 leyes que tratan de las facultades y deberes del monarca, que recogen cánones conciliares inspirados en las doctrinas de San Isidoro de Sevilla. La edición vulgata tiene proyección del Liber Iudiciorum en el tiempo. Este texto después de la destrucción del reino visigodo, en la alta edad media el Liber va a ser utilizado y aplicado como ley territorial en los reinos cristianos del norte de España, especialmente en el reino de Asturias, León. Posteriormente en la baja edad media el Liber va a ser traducido al castellano, y va a tomar el nombre de Fuero Juzgo en 1240, esta traducción fue ordenada durante el gobierno del rey de castilla Fernando III.

 


El Liber Iudiciorum y la legislación Visigoda

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Los reyes visigodos habían recibido de Roma no sólo unas leyes y unos principios jurídicos, sino también una técnica para crear su propio derecho, y este código, que constituye la obra cumbre de la legislación visigoda, es la demostración de que esa técnica había sido bien asimilada. El texto conserva una base romanística, como lo demuestra el hecho de recoger normas romano-vulgares del código euriciano y preceptos del mismo Derecho romano culto que pasó al Breviario. Pero por su orientación se inscribe en la línea nacionalista o antirromanista, que destaca en las leyes penales de Leovigildo y en las de Derecho privado que recopilan Chindasvinto y Recesvinto. Ese nacionalismo explica que se trata del primer código completo que une la tradición jurídica romana culta y el Derecho de la práctica, y que se dirija claramente a godos y romanos, lo que pondría fin a la dualidad de ordenamientos que el sector doctrinal personalista entendía que había perdurado hasta entonces.

El Liber Iudiciorum unifica a visigodos e hispanorromanos

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Las normas del Liber Iudiciorum se extendieron tanto a la población visigoda como hispanorromana, tal vez a imitación del código de Justiniano aunque no parece haber habido resistencia en contra de las nuevas leyes en la población romana, y ello se atribuye a dos causas fundamentales: en primer lugar, el nuevo Código recogía algunos aspectos de la anterior ley romana; en segundo lugar, las leyes romanas no habían sufrido variación desde hacía siglos, no había una autoridad romana que pudiera cambiarlas y estaban basadas en leyes del Bajo imperio romano, por lo que seguramente estaban distanciadas de la realidad social. Por otra parte, un examen de las leyes nos permite apreciar que no eran para un uso amplio entre la población, especialmente entre los humildes, y parece que los pequeños pleitos civiles y delitos menores eran juzgados a menudo por los obispos, sacerdotes, y árbitros, que actuaban como jueces extraoficiales y que además debían dictar sus fallos con arreglo a la lógica y a las antiguas leyes romanas, que estarían muy asumidas después de tantos siglos, acudiéndose sólo a la justicia oficial del rey en casos limitados.

Para los cargos políticos continuaba el monopolio de los visigodos.

Por tanto, la ley para los visigodos, aunque experimentaba un cambio substancial, mantenía casi dos tercios de leyes antiguas. Pero para los romanos suponía una novedad completa. No obstante, también para los visigodos constituyó sin duda un cambio, pues algunas de las leyes antiguas fueron corregidas por Chindasvinto y Recesvinto.

 

El Liber Iudiciorum y los jueces

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El Liber Iudiciorum estaba destinado a la práctica judicial, sus 12 libros compilan las leyes necesarias para la resolución del conjunto de conflictos que pueden planteárseles a los jueces. Este es un cuerpo legal al servicio de los jueces, por lo que casi no contiene referencias al derecho público, que se desarrollaba y expresaba en los cánones de los Concilios de Toledo. Estaba compuesto mayormente por derecho penal, derecho civil, derecho mercantil y derecho procesal.

Incluía una ley expresa de Recesvinto que tendrá mucha influencia en el derecho castellano posterior, especialmente en la baja Edad Media. Esta ley establecía que en caso de que el código adoleciera de lagunas, el juez debía acudir al rey para que sea éste quien dictase sentencia. Esta sentencia se convertirá en norma a seguir para los procedimientos futuros.

El Liber recomienda el estudio del Derecho Romano a los jueces, pero prohíbe expresamente su aplicación en un juicio. Fue objeto de algunas modificaciones en los años posteriores, pero no hubo otro código que igualara su magnitud.

Fue un texto para administrar justicia, de ahí su nombre “El libro de los jueces”.


                                           Leyes y revisiones posteriores
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Después de la promulgación del Liber el mismo el rey Recesvinto dictó nuevas leyes y lo mismo hicieron sus sucesores los reyes Wamba y Ervigio. Pero este último llevó a cabo además una revisión o nueva redacción, con el concurso del Concilio XII de Toledo del año 681, insertando nuevas leyes o novellae y suprimiendo leyes que habían caído en desuso y se aclaraban pasajes confusos. Este texto es más elaborado técnicamente, claro y preciso. Corrigió otras, acaso por razones eclesiásticas, que se manifiestan en la dureza contra los judíos, la consagración legislativa de los acuerdos conciliares o las disposiciones cristianizadoras del matrimonio. Egica, sucesor de Ervigio, intentó otra revisión del texto, que encomendó al Concilio XVI, pero parece que no llegó a realizarse.
Lo cierto es que a los ejemplares oficiales del Liber se añadieron 15 leyes de Egica.

Influencia e importancia

El Liber Iudiciorum trasciende al órgano que lo creó, el reino visigodo. Y siguió vigente, durante la España musulmana como derecho común de los mozárabes hasta el siglo XIII en algunas regiones. Durante la reconquista, desde su traducción del latín a la lengua romance, se le llamo Fuero Juzgo, y desde entonces es utilizado en varias ciudades del sur peninsular. Fue conocido y aplicado durante la Edad Media, influyó la legislación visigoda en la formación del derecho castellano, además fue usado en la redacción del Decreto de Graciano, que es la obra cumbre del derecho canónico. Como  Fuero Juzgo  estuvo presente en España hasta las codificaciones del s. XIX llegando a ser usado por los conquistadores en América latina incluyendo a Chile como derecho indiano.

Tal es su trascendencia que se considera como la perduración del derecho romano en su forma vulgar tras la caída del reino visigodo.


Las divergencias del Liber Iudiciorum

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Existe un debate a la hora de si las atribuciones aportadas por el derecho romano vulgar eliminaron cualquier rasgo de las costumbres legales del pueblo germano. Esto ha dado lugar a varias posiciones, entre las que cabe destacar la defendida por Sánchez-Albornoz, defensor de que las costumbres que se convirtieron en fuentes son de exclusiva procedencia germano-visigoda, que dice también que esta influencia se va a ver acrecentada con el tiempo, al ir desapareciendo la imagen de Roma.

Como grandes impugnadores de esta teoría germanista del derecho hispano-visigodo son D’Ors y García Gallo, que se apoyan en los siguientes argumentos:

Cuando los visigodos se asentaron en la Galia e Hispania ya habían sido romanizados, por lo que sus costumbres, al igual que su lengua, religión, ya habrían desaparecido.

El número de visigodos en Hispania era mucho menor que el de hispano romanos, esto habría acelerado su romanización y por tanto la pérdida de su tradición.

Existían leyes en el Breviario de Alarico y en el Liber Iudiciorumn que prohibían la práctica de varias costumbres visigodas.

Testimonios que acreditan la vigencia y eficacia del derecho legal visigodo, como las Fórmulas Visigóticas.

Por último, la persistencia de la obra tras el fin del reino hispano-visigodo demuestra su continuidad en el uso de las leyes godas y después con su traducción a la lengua romance de la vulgata.

Por otro lado, los defensores de la teoría germanista se apoyan en los siguientes puntos.

Existencia de testimonios que permiten afirmar que entre los siglos V y VII se mantenían prácticas jurídicas primitivas.

Ejemplos de culturas minoritarias que habiendo sido influenciadas por pueblos superiores, continúan utilizando su tradición jurídica mozárabes, indígenas de México y Perú.

Se conoce que hubo prohibiciones al desarrollo de costumbres del derecho tradicional godo por la legislación oficial, lo que ratifica su existencia.

Las Fórmulas Visigóticas pudieron ser escritas por notarios, apuntando a la gran mayoría de la población los hispano-romanos, por lo que no pueden utilizarse como argumento.

Recesvinto creador de un derecho unificador

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Recesvinto fue rey de los visigodos desde el año 653 al año 672 d.c, aunque cogobernó con su padre Chindasvinto desde el año 649. Llevó a cabo una política distinta de la de su padre, más dura con los judíos, pero más conciliadora con la Iglesia y con la nobleza, solucionando los problemas causados por la feroz represión de su antecesor. En particular, tras la rebelión de Froya, pidió a los obispos autorización para perdonar a antiguos rebeldes, lo cual le estaba prohibido por las resoluciones de anteriores concilios.

Consiguió la unificación política y social para el reino visigodo cuando promulgó en el año 654 el Liber Iudiciorum o Código de Recesvinto, en el que se abolía la personalidad del derecho, estableciendo un derecho igual y unitario para todos los súbditos del reino. Según la teoría tradicional, hasta entonces se empleaba con los godos el derecho consuetudinario del pueblo visigodo (recopilado en el año 475 por el rey Eurico en el Codex Euricianus o Código de Eurico) y con los hispanorromanos el viejo derecho romano (recopilado en el año 506 por el rey Alarico II en el Breviarium Alaricianum o Breviario de Alarico.

Dictó asimismo medidas para impedir que el tesoro particular de los reyes se aumentase a costa de todos los ciudadanos. En el VIII Concilio de Toledo año 653 se estableció lo siguiente, bajo su tutela y autoridad.

Por otro lado, en este mismo concilio, se apropió de muchas de las propiedades que sus antecesores habían obtenido en forma ilegal, pero no hizo caso de la sugerencia de los obispos, que querían que estas propiedades fueran propiedad de la corona y no del rey se habían referido, además, específicamente al padre del rey, Chindasvinto. Este asunto provocó una fuerte controversia, y los obispos, que no podían hacer mucho ante el poder real, dejaron constancia de su desagrado en las actas del concilio. Ahí incluyeron tanto la ley promulgada como la sugerencia eclesiástica, para marcar claramente la diferencia.

Recesvinto fue además el supremo magistrado, encargado de hacer cumplir las leyes. Desde entonces, la monarquía se rigió por normas legislativas y toda cuestión política se solucionó por la ley.

 

Política contra los judíos

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Recesvinto reinició la política antijudía de varios de sus antecesores, que había sido suspendida por su padre Chindasvinto.

Dándose cuenta que estas drásticas leyes podían generar el incumplimiento entre sus súbditos, decretó la excomulgación y confiscación de un cuarto de la propiedad de todo aquel que ayudara a un judío a continuar en sus creencias, y a no respetar la fe católica o a un judío converso a recaer.

En general, se trató del primer intento sistemático de utilizar toda la fuerza del Estado para eliminar el judaísmo de España. Si bien no se practicaron las conversiones forzadas, se convirtió en un delito capital cualquier práctica religiosa judía.

 

Fuente:  wiki/Liber_Iudiciorum
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